“Bloqueo sistemático” a todas las actuaciones que han de desarrollarse en cumplimiento de la ley, una “paralización administrativa” sin parangón en torno al “reconocimiento institucional de espacios vinculados a la lucha de libertades democráticas y a la dignificación de las víctimas del franquismo”, y reuniones y reuniones que no se convocan entre federaciones y asociaciones memorialistas y la Junta de Andalucía. Esa es la radiografía actual que padece la aplicación de la ley de memoria histórica en Andalucía, a solo horas de que se reconstituya el Parlamento autonómico (11 de junio) tras la celebración reciente de las elecciones andaluzas y
